Incorporación de la Directiva Whistleblowers a nuestro ordenamiento interno a través de la Ley 2/2023, de 20 de febrero

La Directiva Whistleblowers se ha incorporado a nuestro ordenamiento interno a través de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.

La norma tiene la finalidad de proteger a las personas que, en un contexto laboral o profesional, detecten infracciones penales o administrativas graves o muy graves, o una infracción del Derecho de la Unión Europea, y las comuniquen mediante los mecanismos regulados en la misma.

La Ley 2/2023, de 20 de febrero, regula aspectos mínimos que han de satisfacer los distintos cauces de información, en concreto, la norma obliga a contar con canales internos de información a entidades privadas y públicas porque se considera, que es preferible que la información sobre prácticas irregulares se conozca por la propia organización para corregirlas o reparar lo antes posible los daños.

Además de tales canales internos, la Ley 2/2023, de 20 de febrero,  exige la determinación de otros canales externos de información, con el fin de ofrecer a los ciudadanos una comunicación con una autoridad pública especializada, lo que les puede generar más confianza al disipar su temor a sufrir alguna represalia en su entorno.

Empresas obligadas

Según se desprende del art. 10 de la Ley, estarán obligadas a disponer de un sistema interno de información:

• Las personas físicas o jurídicas del sector privado que tengan contratados 50 o más trabajadores.
• Las personas jurídicas del sector privado que entren en el ámbito de aplicación de los actos de la Unión Europea en materia de servicios, productos y mercados financieros, prevención del blanqueo de capitales o de la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente, con independencia del número de trabajadores con que cuenten.
• Los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y las fundaciones creadas por unos y otros, siempre que reciban o gestionen fondos públicos.

Plazos para el establecimiento

La disposición transitoria segunda de la Ley establece el plazo máximo para el establecimiento de sistemas internos de información y adaptación de los ya existentes en tres meses a partir de la entrada en vigor de la ley el próximo 13 de marzo.