En la recta final para la aprobación de la ley whistleblower anticorrupción en España.

Todos los estados miembros de la Unión Europea están obligados a aprobar la ley de la directiva 2019/1937 antes de diciembre.

Desde que se instauró el procedimiento para la implantación de la ley de protección para los denunciantes de corrupción en España estamos a la espera de aprobación en el congreso de los diputados, por lo cual, el país está a las puertas de que la Unión Europea inicie un procedimiento formal de infracción, ya que esta directiva debe estar aprobada el 17 de diciembre de 2021 y puesta en marcha para su aplicación antes de dicha fecha.

¿Tenemos suficiente tiempo para aprobar la ley en el plazo establecido?

En términos reales a España se le ha acabado el plazo propuesto, por lo cual, este se ha incumplido y al pasar de los días el gobierno aún no ha redactado el anteproyecto por parte del consejo de ministros para que sea llevado ante el congreso de los diputados para su debate y aprobación, un trámite que no se ha realizado a la fecha.

¿Qué es la ley de protección a los denunciantes de corrupción de la directiva 2019/1937?

La norma defiende a los alertadores o whistleblowers que entregan información sobre irregularidades en contratación pública, financiación de terrorismo, sanidad y bienestar de animales, blanqueo de capitales, protección del medioambiente, privacidad y datos personales así como cualquier infracción que afecte los intereses financieros de la UE.

La anonimidad de estos buzones que víadenuncia gestiona sirven para evitar posibles represalias, entre ellas, el despido, el acoso o la intimidación, ya que las denuncias son efectuadas dentro de un contexto laboral y son sensibles a tales prácticas, es por esto por lo que nuestro buzón mantiene el anonimato del denunciante en todo momento.

Estas normas en ningún caso afectan la seguridad nacional de cada país, al orden nacional, al derecho de la UE respecto a información sensible o clasificada, incluso no invade el secreto profesional; esta normativa no invalida las normas nacionales respecto al debido ejercicio de consulta a los sindicatos por parte de los trabajadores.

¿Cuáles han sido los pasos dados hasta el momento por el Ministerio de Justicia?

1. Aprobación de la directiva europea el 23 de octubre de 2019.
2. Creación del grupo de trabajo dentro de la comisión general de codificación para presentar la propuesta de ley el 2 de junio de 2020.
3. Primera reunión del grupo de trabajo para abordar los asuntos concernientes a la transposición de la normativa europea el 16 de junio de 2020.
4. Entrega del borrador o propuesta que fue terminada dentro del plazo que tenía como última fecha el 2 de diciembre de 2020.

A debate: Ultimando detalles de la ley whistleblower.

Aún está pendiente el debate de la ley reguladora de la protección a las personas denunciantes, todo esto, dentro del marco de las iniciativas que el gobierno tiene previsto aprobar durante el año 2021 según el Plan anual normativo.

El 7 de enero de 2021 se abrió la consulta previa para que tanto organizaciones, asociaciones y ciudadanos pudieran hacer las peticiones pertinentes a las cuestiones planteadas en el documento. El plazo de finalización fue el 27 de enero de 2021.

La unión europea ofrece un margen flexible debido a que cada estado miembro de la unión tiene peculiaridades jurídicas que son parte del derecho y las leyes de cada uno de los países. En el caso de España el debate se ha centrado en la ampliación y la admisión de las denuncias anónimas.

Otra pregunta que se ha realizado fue como gestionar los canales de denuncias, en los que víadenuncia es pionero, por tanto, en el caso de que sea centralizada la operativa de los canales de denuncias por una autoridad administrativa independiente que siga y de respuestas a las denuncias acorde a este marco legal, víadenuncia está en plena capacidad de mantener los estándares en materia legislativa y operativa.

Se están analizando asuntos del impacto económico de la normativa recogidos en el informe de la memoria del análisis normativo, pero a futuro esto no está plenamente decidido, puesto que aún están pendientes las materias de tipo transversal como lo son el desarrollo de la norma estatal por parte de las comunidades autónomas.

Las formaciones políticas y sus propuestas.

Las propuestas por parte de los grupos políticos no se hicieron esperar y es por esto por lo que ERC, Compromís, BNG y Más país proponen una autoridad independiente de protección de alertadores en un buzón anónimo y seguro.

Por otra parte, VOX quiere que sea recompensado cada denunciante con un 10% del total del dinero recuperado. También plantean que estas denuncias tengan traslado a la fiscalía previo estudio por posibles delitos. VOX plasma en su propuesta que existan sanciones para los denunciantes que presenten denuncias falsas con sanciones que van desde los 200€ hasta los 400.000€.

Por otro lado, Ciudadanos define un marco de prevención, detección y sanción de la corrupción. El marco que proponen es regular las denuncias internas y las externas a las organizaciones, propuesta que aún se encuentra pendiente de ser elevada al pleno del congreso de los diputados.

España se encuentra en el puesto 34 del índice de percepción de la corrupción según Transparency internacional.

Los primeros puestos del ranking son para los países del norte europeo: Dinamarca, Finlandia y Noruega cómo referentes europeos con puntuaciones por encima de 85 puntos.

España entre tanto, se encuentra en el puesto 34 por encima de Israel, Italia, Polonia, entre otros. Según esta perspectiva España aún está lejos de estar en los primeros lugares.

Si quieres consultar el ranking pinche Aquí